San Juan está impulsando un proyecto de ley que busca un objetivo específico: que las empresas mineras y sus proveedores generen realmente valor local.
Aunque aún no se conoce el texto completo, han surgido algunos puntos clave:
✅ Establecimiento y tributación efectiva. Las empresas deben estar establecidas (domicilio legal y fiscal) y pagar impuestos en la provincia. Se excluyen los domicilios ficticios.
✅ Planes de desarrollo local. Nueva definición de “proveedor local” en la ley. Los operadores mineros deben presentar planes anuales para fortalecer su red de proveedores de San Juan. Estos planes serán auditados.
✅ Preferencia competitiva. Las empresas locales tendrán prioridad. Se utilizan los términos “proveedores de San Juan” y “proveedores de primera línea” (Iglesia, Calingasta, Jáchal, Ullum).
✅ Valor añadido. Se dará prioridad a quienes aporten valor. El factor clave para acceder a los beneficios del régimen será el valor añadido dentro de la provincia.
✅ ¿Y qué pasa con los proveedores de servicios? Son un sector muy demandado por los operadores. Aún no está claro qué dirá el proyecto de ley.
📊 Si observamos otras provincias, la tendencia es clara:
Salta tiene su propia legislación: en particular, exige la participación de socios locales.
Santa Cruz cuenta con legislación reciente: en particular, hace hincapié en la residencia efectiva de sus trabajadores y empresas que hayan estado operando en el territorio durante al menos 3 años.
San Juan sigue el mismo camino: una nueva definición conceptual que prioriza a los proveedores locales, la competitividad, los controles y el objetivo de destacar la generación de desarrollo real.
Mi opinión es simple:
- 👉 La competitividad ya no es opcional.
- 👉 Optimización de gastos e implementación costo -Procesos eficientes para competir.
- 👉 Y las empresas que no documenten su impacto local quedarán fuera del juego.
No se trata solo de cumplir con una ley. Se trata de anticiparse al nuevo estándar en la industria minera.
